A partir de este año, los asalariados con retribuciones más elevadas en España verán un incremento sustancial en sus contribuciones al sistema de Seguridad Social. Las recientes modificaciones, que incluyen la eliminación de los topes en las bases de cotización y la nueva 'cuota de solidaridad', se estima que aportarán 650 millones de euros adicionales a las arcas públicas. Estas medidas forman parte de una reforma más amplia de las pensiones, implementada para asegurar la sostenibilidad del sistema ante los desafíos demográficos actuales y futuros.
Desde el inicio de 2025, la Seguridad Social ha experimentado un aumento significativo en la recaudación proveniente de los trabajadores con mayores ingresos. Esta situación se deriva de la entrada en vigor del destope de las bases máximas de cotización y de la implementación de la nueva 'cuota de solidaridad'. Ambas disposiciones, promovidas por la reforma de las pensiones del año 2023, liderada por el entonces ministro José Luis Escrivá, proyectan un incremento de 650 millones de euros en los ingresos del sistema, según proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Hasta el año pasado, existía un límite en la base máxima de cotización en España, establecido en 4.720,50 euros. Esto implicaba que, sin importar cuánto superaran los ingresos de un trabajador esta cifra, sus cotizaciones se calculaban únicamente sobre dicho tope. Sin embargo, en el presente ejercicio, este tope se ha elevado a 4.909,50 euros, un aumento del 4%. Este ajuste se alinea con la reforma que prevé incrementos progresivos hasta el año 2065, basándose en la inflación promedio del año anterior y un porcentaje adicional.
La AIReF estima que este ajuste en las bases máximas de cotización resultará en una recaudación adicional de 281 millones de euros solo en 2025. Este capital se destinará a afrontar el creciente gasto en pensiones públicas, especialmente ante la inminente jubilación de la numerosa generación del 'baby boom'. Cabe destacar que esta subida de las bases máximas ha generado controversia, ya que no conlleva un aumento proporcional en las futuras pensiones, que sí se ajustarán anualmente según la inflación más un factor adicional.
Además, este año se ha introducido la 'cuota de solidaridad', un gravamen escalonado sobre la porción del salario que excede la base máxima de cotización. Específicamente, se aplica un 5,5% a la parte del sueldo entre 4.909,50 y 5.400,45 euros, un 6% a la franja entre esta última cifra y 7.364,25 euros, y un 7% a cualquier ingreso superior. Las contribuciones resultantes se distribuyen entre la empresa (5%) y el empleado (1%). Se calcula que esta cuota generará 369 millones de euros, sumándose así a los ingresos adicionales previstos por el destope de las bases.
Aunque los cambios más significativos en las contribuciones afectan a los trabajadores con salarios más altos, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde 2023, representa una aportación extra para todos los empleados del país. Esta cotización finalista, cuya recaudación se dirige directamente al fondo de reserva de las pensiones, asciende al 0,8% en el presente ejercicio, con un 0,67% a cargo de la empresa y un 0,13% a cargo del trabajador. La AIReF anticipa que el MEI aportará 701 millones de euros adicionales al sistema en 2025. A pesar de que los trabajadores con mayores ingresos son los que sufren los mayores cambios, la clase media, con salarios promedio, es la que finalmente realiza la mayor contribución a la Seguridad Social.
El aumento en los ingresos de los Fondos de la Seguridad Social, proyectado en una décima del PIB por la AIReF para 2025, se ve parcialmente compensado por un incremento similar en los gastos. Este aumento de gastos se debe a factores como el incremento de las pensiones no contributivas, que incluyen la subida del Ingreso Mínimo Vital y las pensiones mínimas, la reforma del subsidio por desempleo y las sentencias judiciales que reconocen el derecho de los padres a percibir el complemento por hijo o el complemento de brecha de género. Se estima que, solo en 2025, los desembolsos por el reconocimiento de estos complementos ascenderán a 400 millones de euros, mostrando la complejidad del equilibrio financiero del sistema de seguridad social.