Acceso a la Información Pública: Piedra Angular de la Transparencia Gubernamental

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) ha sido un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción en Guatemala desde su implementación hace más de 15 años. Sin embargo, recientes decisiones de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) han generado preocupación entre expertos en la materia, quienes advierten sobre los riesgos de limitar el acceso a la información pública.

Transparencia y Rendición de Cuentas: Derechos Inalienables de los Ciudadanos

La Importancia de la Ley de Acceso a la Información Pública

La LAIP ha sido un instrumento fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública guatemalteca. Desde su entrada en vigor en 2008, ha permitido a los ciudadanos acceder a información relevante sobre el manejo de los recursos públicos y las acciones del Estado. Esta ley ha sido clave para fortalecer la democracia y combatir la corrupción, al brindar a la población herramientas para vigilar y exigir cuentas a sus gobernantes.

Decisiones Cuestionables: Limitando el Acceso a la Información

Sin embargo, las recientes decisiones de la CC y la CGC han generado preocupación entre expertos como Anabella Morfin, expresidenta del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), y Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes). Estas instituciones han declarado como "información reservada" diversos documentos relacionados con la seguridad de los magistrados de la CC y el manejo de recursos públicos por parte de la CGC.Para Morfin, estas decisiones son "arbitrarias" y atentan contra lo establecido en la Constitución, que establece la publicidad de las acciones administrativas del Estado, con excepciones puntuales. Según la experta, la seguridad nacional no puede ser utilizada como excusa para limitar el acceso a información que debería ser de dominio público.Por su parte, Hurtado considera que estas decisiones envían un "mensaje" de que no existe una sintonía entre gobernantes y gobernados sobre lo que debe ser información pública. Argumenta que los presupuestos del Estado pertenecen a la población, quien los financia a través del pago de impuestos, y por lo tanto tienen derecho a conocer su destino.

Retroceso en la Lucha contra la Corrupción

Tanto Morfin como Hurtado coinciden en que estas decisiones representan un retroceso en la lucha contra la corrupción. Morfin afirma que "para nada favorece a los guatemaltecos en la erradicación de la corrupción" y que la publicidad de los actos administrativos es "incuestionable".Hurtado, por su parte, señala que en la administración pública "debe prevalecer la máxima publicidad, salvo los casos puntuales en que se pueda reservar la información". Advierte que las decisiones de la CC y la CGC deben ser un llamado a reflexionar y evaluar si todos los actores involucrados están en la misma sintonía sobre el acceso a la información pública.

Reacción y Rectificación

Ante la reacción de diversos sectores, la CGC decidió dejar sin efecto la resolución que declaraba como "no pública" cierta información por los próximos siete años. En un comunicado, la institución reafirmó su "firme convicción y respeto a la observancia del acceso a la información pública en el marco de la transparencia y rendición de cuentas".Por su parte, la CC justificó su decisión de reservar información relacionada con la seguridad de los magistrados debido a "amenazas reales y tangibles" contra su integridad. Sin embargo, hasta el momento, el Ministerio Público no ha confirmado la existencia de denuncias penales por estos hechos.

Llamado a la Reflexión y la Acción

Tanto Morfin como Hurtado coinciden en que estas decisiones deben ser un llamado a la reflexión y la acción. Es necesario que se revisen y se dé marcha atrás a estas medidas que limitan el acceso a la información pública, pues ello representa un retroceso en la lucha contra la corrupción y en el fortalecimiento de la democracia.Los expertos enfatizan que la publicidad de los actos administrativos es un derecho constitucional de los ciudadanos, y que las excepciones deben ser mínimas y debidamente justificadas. Cualquier intento de restringir el acceso a la información pública debe ser visto con preocupación y enfrentado de manera decidida por la sociedad civil y los organismos de control.En un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca, es fundamental que se reafirme el compromiso con la LAIP y se garantice su plena aplicación. Solo así podremos avanzar en la construcción de una Guatemala más justa, equitativa y libre de corrupción.