En un giro sorprendente, Santos Cerdán, antiguo número tres del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), está reuniendo pruebas de sus gastos personales, como recibos de entradas a la piscina de su pueblo, con el objetivo de demostrar ante el Tribunal Supremo que su vida es austera. Esta estrategia busca contrarrestar las graves acusaciones de enriquecimiento ilícito y cobro de sobornos. Su equipo legal enfatiza que Cerdán no posee signos externos de riqueza, intentando así desvincularlo de cualquier trama de corrupción que haya podido manejar grandes sumas de dinero.
La defensa de Cerdán se centra en refutar la validez de las pruebas incriminatorias, especialmente las grabaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Cerdán insiste en que, aunque las grabaciones pudieran contener su voz, las conversaciones sobre dinero están fuera de contexto y se refieren a asuntos explicables. Además, niega haber tenido negocios ilícitos con Koldo García, el ex asesor de José Luis Ábalos, y afirma que cualquier intercambio monetario entre ellos fue mínimo, como un préstamo de 600 euros ya devuelto. También deslegitima un contrato privado con Antxon Alonso, que le habría otorgado el 45% de una constructora, argumentando que este documento carece de validez y que nunca obtuvo beneficios de la empresa, a pesar de que esta recibió contratos públicos significativos. En cuanto a las licitaciones públicas, Cerdán sostiene que solo se interesó por el 'sentido político' de las mismas antes de su publicación, sin intervenir una vez iniciados los concursos. Su teléfono móvil, pieza clave en la investigación, se encuentra en posesión de su familia, disponible si la justicia lo requiere.
La búsqueda de la verdad y la transparencia son pilares fundamentales en cualquier sociedad democrática. La disposición a rendir cuentas y a demostrar con hechos la integridad personal, incluso en las circunstancias más adversas, fortalece la confianza en las instituciones. Este caso, más allá de sus implicaciones legales, resalta la importancia de la conducta ética y la responsabilidad en el servicio público, invitando a una reflexión profunda sobre los valores que deben guiar a quienes ostentan cargos de poder.